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Tolle et Lege
blog jurídico
Oct 2018

Hola <<Nombre>>,

A menudo, tras comprar una vivienda o recibir una herencia (como casos más habituales), recibimos una carta de la Agencia Tributaria de la comunidad autónoma en la que se propone una valor del inmueble distinto (siempre superior) del declarado por nosotros. Ello conllevaría pagar una cantidad adicional a lo ya pagado en concepto de impuestos. Pero, como casi todo en el mundo jurídico, puede tener solución y no pagar más.

La comprobación de valores y
la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2018

Los valores de los bienes declarados en las autoliquidaciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones pueden ser comprobados por la Administración Tributaria (en estos casos de las Comunidades Autónomas).

Tales impuestos son los que gravan, entre otros hechos, las compraventas, herencias y donaciones. La ley establece que la base imponible de ellos será el “valor real de los bienes”.

Son muchos los casos en que se realiza esa comprobación del valor. Por ejemplo, en una escritura pública de compraventa se establece un precio de 100.000 € y la administración determina que el valor real del bien es de 137.528 €. El sujeto pasivo (quien compra) deberá en tal caso tributar, además de lo ya pagado, por la diferencia entre ambas cantidades.

Entonces, ¿cuál es el valor real? La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2018 dice que es “un concepto jurídico indeterminado de imprecisos perfiles, puesto que no se ampara en definición legal alguna y permite, sea cual fuere el medio de comprobación o determinación que en cada caso se utilice, un cierto margen legítimo”.

Hasta le fecha tal valor real es calculado por las administraciones tributarias de las comunidades autónomas mediante la aplicación de un coeficiente multiplicador sobre el valor catastral del bien (en los bienes inmuebles) de modo frío y objetivo. Para los bienes rústicos emplea un sistema similar aplicando un coeficiente sobre la superficie de la finca según sea el cultivo o destino de la misma y otras circunstancias, también de modo frío y objetivo.
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El arrendador tendrá derecho a ser indemnizado si expresamente se pactó en el contrato.
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Evitar situaciones jurídicas no deseadas es posible
 
La abogacía preventiva promueve la buena salud jurídica: el reconocimiento de los derechos de nuestros clientes así como la reducción de una futura litigiosidad y en cualquier caso un ahorro económico.
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