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Newsletter de l'Observatori de Drets Humans i Empreses

La sentencia que obliga a Israel a indicar el origen de los productos de territorios ocupados es un paso importante contra el expolio de recursos naturales, según el Observatorio de Derechos Humanos y empresas en el Mediterráneo.

Nov 14, 2019 12:39 am



El Tribunal de Justicia Europeo ha dictaminado que los alimentos originarios de territorios palestinos ocupados por el Estado de Israel deberán indicar su territorio de origen, acompañada de la indicación de que es un «asentamiento israelí» en los casos que procedan. El Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (ODHE) celebra esta sentencia que “permite a consumidores y administraciones una compra responsable y coherente con el Derecho Internacional», pero añade que las administraciones deben seguir avanzando hacia la completa prohibición de importaciones de productos originarios de los territorios ocupados.

Una sentencia de la Gran Sala del TJUE 12 de noviembre de 2019  ha dictaminado que los alimentos procedentes de territorios ocupados disponen de un estatuto internacional propio y distinto del del Estado de Israel y, por consiguiente, están sujetos a su jurisdicción limitada. Según el Tribunal, indicar que el Estado de Israel es el «país de origen» de estos productos podría inducir a error a los consumidores, dado que Israel “está presente en dichos territorios como potencia ocupante, y no como entidad soberana” en el sentido del Derecho internacional humanitario. Para el TJUE, la información que se facilita a los consumidores debe permitirles tomar decisiones con conocimiento de causa y tener especialmente en cuenta “no sólo consideraciones sanitarias, económicas, ecológicas o sociales, sino también consideraciones éticas o relativas al respeto del Derecho Internacional”. 

“El hecho de que Israel no pueda etiquetar los productos extraídos de los territorios ocupados con la marca Made in Israel supone un paso importante para acabar con el expolio de recursos naturales, prohibido por el Derecho Internacional Humanitariodeclara Felipe Daza, coordinador de investigación del Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (ODHE). “No obstante, debemos seguir avanzando hacia la completa prohibición de importaciones de productos originarios de los territorios ocupados por parte de empresas israelíes o multinacionales”.

La contratación pública responsable es una línea que el ODHE – observatorio impulsado por las entidades NOVACT y SUDS- lleva trabajando desde sus orígenes, con la participación en la elaboración de un Guía de Compra Pública Responsable, formaciones a Ayuntamientos y divulgación de sus investigaciones en Jornadas dirigidas a profesionales, como la que tuvo lugar la semana pasadaen Barcelona y donde participaron representantes de experiencias pioneras como la localidad de Molenbeeck. Para el ODHE, la compra pública debería excluir aquellos productos o servicios en cuya cadena de suministro se han producido vulneraciones de Derechos Humanos. Por ello, el ODHE celebra esta sentencia y la considera “un instrumento clave para evitar que las Administraciones Públicas adquieran productos originarios o manufacturados en los asentamientos ilegales en los procesos de contratación pública”.

Actualmente, existen en los territorios ocupados de Palestina 250 asentamientos ilegales en los cuales viven aproximadamente 611.000 colonos, según Naciones Unidas. Estos asentamientos suponen la efectiva anexión de territorios palestinos y la transferencia de población de Israel, potencia ocupante, a los territorios ocupados. Múltiples resoluciones de Naciones Unidas consideran estos asentamientos ilegales y contrarios al derecho internacional. Un ejemplo es la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 2334 del 23 de Diciembre de 2016, que exige a terceros Estados que diferencien entre las relaciones comerciales con el Estado de Israel y aquellas establecidas con los asentamientos ilegales de los territorios ocupados desde 1967.

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